El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, considera que la Justicia es “un servicio público, que atiende a la generalidad de los ciudadanos y realmente muy costoso”, en el que “hay que equilibrar el acceso que hay que asegurar a todos aquellos que no tienen los medios necesarios y deben de acceder, con los costes de la Justicia”, en relación a un incremento de tasas judiciales.
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